El modelo de la 4T es capitalista

La Cuarta Transformación (4T) se presenta como un proyecto de nación “posneoliberal” que busca reorientar el modelo político, económico y social de México bajo el eje del llamado “humanismo mexicano” y el principio “por el bien de todos, primero los pobres”.​

Modelo político

En el plano político, la 4T se define como una “cuarta transformación histórica” después de Independencia, Reforma y Revolución, con la promesa de erradicar la corrupción, combatir la impunidad y reponer la centralidad del “pueblo” frente a las élites. Se propone construir un proyecto político hegemónico articulado en torno a una matriz discursiva que opone “pueblo” y “oligarquía”, donde el liderazgo presidencial opera como articulador del bloque social gobernante. Aunque reivindica una salida democrática al hartazgo con los gobiernos previos, diversos análisis señalan la permanencia de rasgos continuistas en materia de concentración de poder presidencial y en la relación ambivalente con el empresariado y los poderes fácticos.​

Modelo económico

En el plano económico, el gobierno de la 4T, afirma impulsar un modelo “posneoliberal” basado en 12 principios rectores, entre ellos honradez, economía para el bienestar, el mercado no sustituye al Estado y prioridad a los pobres, articulados en la idea de “economía moral”. Este modelo recupera la planificación estatal como eje para disputar el dominio de la planificación corporativa privada, reforzando el papel del Estado en la orientación del desarrollo, la inversión pública y el fortalecimiento del mercado interno. Sus defensores sostienen que ha reducido pobreza y desigualdad mediante transferencias sociales y aumentos salariales, mientras que se advierten tensiones entre el discurso posneoliberal y la continuidad de prácticas extractivistas, tratados de libre comercio y dependencia de sectores primario‑exportadores.​

Modelo social

En el plano social, la 4T se articula a través de una política de bienestar que busca sustituir los esquemas focalizados anteriores (como Progresa‑Oportunidades‑Prospera) por programas universales o masivos dirigidos a jóvenes, adultos mayores y poblaciones históricamente excluidas. El Proyecto Alternativo de Nación plantea como objetivos centrales combatir la pobreza, reducir la desigualdad y reconstruir el tejido social mediante una combinación de derechos sociales, creación de empleo, impulso al agro y atención prioritaria a pueblos indígenas, mujeres y sectores vulnerables. No obstante, diversos balances académicos subrayan que, a pesar del énfasis redistributivo y simbólico en el “pueblo”, persisten graves rezagos en seguridad, servicios públicos y cohesión social, así como límites estructurales para consolidar un auténtico Estado de bienestar robusto y sostenible.​

El modelo social de la 4T tiene argumentos fuertes a favor y en contra. Argumentos a favor: Recuperación del Estado social y giro “antineoliberal”. Se reivindica que la política social deje de ser residual y vuelva a concebirse como responsabilidad central del Estado, sintetizada en el lema “primero los pobres”.​ La 4T declara como objetivo construir un modelo posneoliberal, ampliando derechos sociales y rompiendo con los esquemas focalizados condicionados (Progresa‑Oportunidades‑Prospera) que subordinaban lo social a la lógica del mercado.​

Reducción de la pobreza y expansión de programas. Coneval y cifras oficiales reportan una disminución del porcentaje de población en pobreza en el sexenio, junto con una ampliación histórica de la cobertura de programas (adultos mayores, personas con discapacidad, becas para estudiantes, jóvenes).​Voces afines a la 4T sostienen que más de 9–13 millones de personas han salido de la pobreza y que la inversión social alcanzó montos récord, con más de 30 millones de beneficiarios hacia 2025.​

La política social se ha concentrado explícitamente en el campo, el sur del país, pueblos indígenas, adultos mayores, jóvenes y personas con discapacidad, usando transferencias monetarias directas sin intermediarios como instrumento principal.​ Este diseño se presenta como un intento de corregir desigualdades históricas territoriales y étnicas, y de fortalecer ingresos de hogares que antes quedaban fuera de los beneficios estatales.​

Argumentos en contra

Riesgo de clientelismo y dependencia, dado que  los programas, al ser transferencias no ligadas a creación de capacidades productivas, pueden funcionar como “regalos” que generan dependencia política y electoral, más que movilidad social real. ​La política social está diseñada para asegurar lealtades y consolidar un bloque de apoyo al gobierno, sin transformar de fondo la estructura de oportunidades económicas.​

Existe una reducción de pobreza con persistencia de desigualdad y carencias. Menos pobreza, más desigualdad”: mientras bajan ciertos indicadores de pobreza, crece el número de personas vulnerables por carencias sociales y persisten brechas en salud, educación, vivienda y seguridad.​ Ciertos logros en ingresos de corto plazo, pero estancamientos en construcción de un verdadero Estado de bienestar universal con sistemas robustos de salud, protección social y servicios públicos.​

Aunque el discurso es universalista, en la práctica la política social sigue centrada en programas de transferencia y no en reformas estructurales de sistemas de cuidados, pensiones, salud o empleo formal.​

 La 4T no ha modificado de raíz el modelo de desarrollo ni la estructura fiscal, lo que limita la sostenibilidad financiera y el alcance transformador de su política social.

 Autor: Lenin Montiel