Asamblea Popular denuncia aumento ilegal al transporte y convoca a marcha

Guadalajara, Jal., martes 3 de febrero de 2026

Buen día a todas, todos y todes. Agradecemos que nos acompañen en esta conferencia de prensa.

El Congreso es un lugar donde habita la representación popular, pero también donde se cruzan redes de intereses y pactos que terminan por olvidar los principios que deberían sostener la vida pública. Venimos como la Asamblea Popular Contra el Tarifazo; nuestra consigna es: «No al Tarifazo, No al Tarjetazo y Sí al Subsidio Universal».

La Asamblea está conformada por doce colectivos y por la ciudadanía que se ve directamente afectada por decisiones públicas de esta magnitud. Queremos hacer hincapié en que somos una asamblea apartidista. Realizamos la rueda de prensa aquí para retomar un espacio que nos pertenece.

Este espacio se ha convertido en un lugar donde se toman decisiones y se pacta sin consultarnos. Y eso tiene que parar. Venimos a ejercer nuestro derecho a participar, a cuestionar y, sobre todo, a incidir; más aún cuando una decisión pública compromete el acceso a un servicio esencial como el transporte público.

El Comité Técnico Tarifario, aplicando la Norma General de Carácter Técnico, calculó una tarifa ponderada de $13.03 pesos, resultado de variables como: combustible, Índice Nacional de Precios al Consumidor, salario mínimo e indicadores de calidad del servicio. Nos preocupa que las variables usadas no contemplen la realidad que vivimos las personas trabajadoras y cuidadoras con relación al sueldo que percibimos, además de los gastos de la vida cotidiana, como la canasta básica alimentaria, renta, servicios, gastos médicos y, claramente, nuestra movilidad.

Por ende, al ser una decisión tomada sin consultar a la ciudadanía, no estamos de acuerdo y rechazamos la tarifa impuesta de 14 pesos. Esa cifra no se desprende de la fórmula técnica, sino de una decisión administrativa posterior, la cual es ilegal. Si quieren aclarar que no lo fue, entonces que presenten la minuta de la reunión del Comité Técnico Tarifario del 26 de diciembre de 2025 y que vuelvan a subir la publicación del Periódico Oficial que hablaba de la tarjeta «YO Jalisco» con fecha del 27 de diciembre (que ahora está desaparecida y no se encuentra en la página).

Esa opacidad ha generado una crisis de credibilidad que no se ha atendido. El llamado «subsidio» no es universal. Está condicionado al uso obligatorio de una tarjeta operada por una Sociedad Financiera Popular (SOFIPO) y una empresa privada conocida como BROXEL, bajo un contrato multianual que: atraviesa más de una administración, no tiene un monto máximo fijo, centraliza datos personales y no ofrece una alternativa real sin registro digital o bancario.

Esto genera un impacto directo en la desigualdad. En Jalisco —como en el resto del país— miles de personas no están bancarizadas y se enfrentan a una brecha digital, además de que esta medida atenta contra la economía popular. Para ellas, el subsidio condicionado no es un apoyo, es una barrera.

Nos encontramos en un momento que es consecuencia directa de una falta de previsión frente a algo que era inevitable. Las concesiones se han tratado como negocios privados orientados al enriquecimiento de sus propietarios. Rechazamos seguir sosteniendo un modelo de transporte público que asegura las ganancias del empresario mientras traslada el costo y el riesgo a la ciudadanía. Se insiste en sostener que la tarifa es de carácter tributario. Si esa es la lógica, entonces exigimos que se rija bajo los mismos estándares de transparencia, rendición de cuentas y control público que cualquier contribución.

Esta tarjeta es innecesaria. Ya contamos con un sistema integrado de transporte, así como una tarjeta de pago homologado que únicamente requiere de INE y CURP, con un costo de $30 pesos. MiMovilidad requiere mejoras en su infraestructura, inclusión y expansión de rutas, así como la ampliación de MiBici; esta nueva tarjeta única es un despilfarro innecesario.

Que sea el poder quien responda al pueblo, y no el pueblo quien cargue con una acumulación opaca de recursos y decisiones. Es importante reconocer que, si los recursos para el subsidio provienen de fondos originalmente destinados al mejoramiento del transporte (infraestructura, calidad, accesibilidad o renovación), entonces no solo se está trasladando el costo a la ciudadanía, sino también desviando el sentido del presupuesto público.

Planteamos la posibilidad de un modelo completamente diferente: un presupuesto capaz de sostener un sistema de transporte municipal y estatal a un costo accesible, asequible y eficiente; que respete el derecho constitucional a la movilidad y que no convierta este derecho en un negocio de unos cuantos.

Esta arbitrariedad no solo es una injusticia hacia la clase trabajadora; es una inconstitucionalidad. Al ser el transporte un servicio concesionado, implica el lucro privado de particulares y de esta SOFIPO, los cuales jamás deben estar por encima del bienestar social. El Artículo 4.º de la Constitución establece que: «Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad».

No es solo un ajuste económico; es un atentado contra derechos interconectados como el trabajo y la recreación. Forzar a las familias a elegir entre comer o transportarse es una vulneración a la vida digna. Los Derechos Humanos se rigen bajo el principio de progresividad: una vez que el Estado ha establecido un nivel de accesibilidad, cualquier medida que lo reduzca es regresiva e inconstitucional. El condicionamiento de subsidios mediante una tarjeta bancaria obligatoria contraviene el Artículo 1.º constitucional.

Esta medida genera discriminación por condición social: afecta a adultos mayores, personas en situación de pobreza extrema y sectores rurales con infraestructura limitada. Hubo ausencia de diálogo: no se consultó a la ciudadanía, a la academia ni a los sectores productivos. ¿Dónde queda la transparencia?

En una ciudad con transporte lento, peligroso y deficiente, un aumento no es una política pública, es un agravio. El sector estudiantil es uno de los más vulnerados. El acuerdo anunciado entre la presidenta de la FEU, Fernanda Romero, y el gobernador, Pablo Lemus, previo a la marcha del 10 de enero, tuvo como objetivo desmovilizar a la comunidad estudiantil.

Para miles de estudiantes, el aumento implica elegir entre estudiar o comer. Lejos de atender el fondo, se presentó como un «logro» una tarifa de 5 pesos que condiciona el subsidio a la entrega de datos personales y a la bancarización de menores de edad. En un contexto de criminalización de la protesta, esta medida no es ingenua. Una organización que actúa como intermediaria del gobierno no puede hablar en nombre del estudiantado. El uso de módulos en la Universidad de Guadalajara genera preocupación sobre el resguardo de información, especialmente cuando la FEU ha participado en la represión de organizaciones independientes.

La tarjeta actual con descuento ha demostrado que es posible garantizar tarifas preferenciales sin someter a los estudiantes a estos esquemas. El aumento no se justifica: la tarifa no debería subir para nadie mientras el servicio sea precario. No es una ampliación de derechos, sino una reconfiguración del acceso al transporte como un privilegio condicionado.

Hablamos de todas las personas a las que se les condiciona su derecho. No es un problema exclusivo de la Zona Metropolitana de Guadalajara, sino de todo el Estado. Se olvida a quienes viven en la periferia, desplazados a «ciudades dormitorio» donde cada derecho se vuelve un privilegio. Las desigualdades no desaparecen porque se ignoren; se profundizan.

Necesitamos un gobierno que vele por los derechos de su gente, no que administre una «ciudad de vitrina». La inversión pública no puede destinarse solo al embellecimiento de zonas específicas para el Mundial de Fútbol mientras muchas colonias permanecen abandonadas.

Es nuestro derecho la libre expresión, la organización y la manifestación pacífica (Artículos 6 y 9 constitucionales). Podrá haber discrepancias, pero recurrir a la intimidación y persecución para acallar la disidencia es atentar contra la esencia del Estado mexicano.

Por ello, llamamos a la ciudadanía a marchar contra el tarifazo el próximo 8 de febrero a las 11:00 a. m. Partiremos de la Glorieta Minerva hacia Casa Jalisco. Caminaremos juntas y juntos para decir que el transporte es un derecho, no un negocio.

Frente a la intimidación, reafirmamos que las calles son nuestras. Si el Estado busca cansarnos, le decimos que esto apenas inicia.

Asamblea Popular Contra el Tarifazo.

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